Tasa por la autorización de pruebas deportivas en el medio natural. La opinión de un servidor.

Valga el título para expresar que este texto trata de una opinión personal sobre la polémica que se ha generado en torno a la aplicación de la tasa por autorización de pruebas deportivas en el medio natural que la Junta de Andalucía ha comenzado a aplicar en este 2022 a organizaciones de carreras por montaña (deporte en el creo que como organizador y participante durante muchos años puedo tener una opinión formada del caso).

Tras consultar el apartado de la Ley de Tasas 10/2021 que nos corresponde (página 88 del BOJA 250 de 2021), llama la atención las tarifas desmesuradas que contiene y el reparto desequilibrado que tiene la tasa en función de una variable equivocada, el número de participantes. Se ve a simple vista, que quien o quienes han redactado y calculado los importes NO tienen ni idea de la realidad de este deporte ni de la propia gestión administrativa para conceder la autorización a las pruebas deportivas que se realizan.

Entiendo perfectamente que se pueda cobrar una tasa administrativa por tramitar la autorización medioambiental a las organizaciones de pruebas deportivas. Es más, lo veo hasta necesario por el buen funcionamiento de las administraciones públicas y máxime cuando las pruebas deportivas en la naturaleza se han multiplicado en los últimos 10 años y por lo tanto, el volumen de trabajo en las diferentes delegaciones de medio ambiente también.

Pero en ningún caso entiendo ni las cantidades de la tarifa ni la forma de distribuirlas según el número de participantes. Valga el ejemplo rocambolesco de que te cueste menos que te apaguen un conato de incendio de unas horas en tu finca que la autorización para un evento deportivo. Los que conocemos el funcionamiento organizativo de una carrera por montaña, sabemos que lo mismo da autorizar una prueba para 100 que para 500 o para 2000 personas. Si la tarifa es por el tiempo que un profesional pueda estar estudiando el recorrido propuesto, los posibles impactos ambientales que la prueba pueda suponer en el medio natural por el que transite, etc.; la tarifa debería o podría ser proporcional a los kilómetros de la prueba, a los diferentes itinerarios que esta tenga, etc. y no por el número de personas que participen.

Y en cualquier caso, las tarifas son desmesuradas en la mayoría de las situaciones y no reflejan ni la realidad del hecho imponible (tiempo y medios invertidos en la concesión de la autorización) ni la realidad de las carreras por montaña en Andalucía.

En primer lugar, ¿cuánto tiempo y medios se invierten desde la administración para conceder la autorización de una prueba deportiva de nuestras características? Si la prueba es nueva o realiza un cambio de recorrido sustancial con respecto a ediciones anteriores, entiendo que la tramitación sea más costosa, pero en la mayoría de los casos, las pruebas ya se autorizaron en años anteriores y cuentan con recorridos iguales o similares, por lo que el tiempo de estudio sería menor. Desde 5 hasta 15 horas máximo sería una horquilla real, por lo que la tarifa podría ser, ¿en torno a 150-300 euros, según si es una prueba nueva o tiene muchos kilómetros de recorrido? Por ejemplo la Federación andaluza de deportes de montaña tiene una tasa de 100-150 euros por conceder el necesario aval federativo y tiene que hacer un estudio previo de la prueba muy similar.

En segundo lugar, la realidad de la organización de las carreras por montaña en Andalucía es muy distinta a lo que el valor de la tasa podría reflejar. En su mayoría, son organizaciones humildes lideradas por clubes de pequeños municipios o pymes del mundo rural que por encima de todo quieren poner en valor su territorio. Ese mundo rural que muere mientras se nos llena la boca de buenas palabras pero que en realidad muy pocos defendemos y apostamos verdaderamente por él. Estas organizaciones que la mayoría de las veces no buscan beneficio económico (y ni siquieran cobran por su labor), no pueden soportar tasas de miles de euros por organizar una prueba deportiva en el medio natural. Por lo tanto, la tasa finalmente recaerá sobre los propios participantes con incrementos de hasta 16 euros (sí sí, han leído bien) en el caso de un ultratrail de 500 participantes. Y no debe ser así, puesto que la tasa no es por el uso del espacio público sino por la gestión administrativa del evento.

Finalmente el capítulo establece unas bonificaciones a las administraciones públicas, que estarán exentas del pago y de un 50% de descuento a las entidades sin ánimo de lucro, que aquí es donde entran los clubes deportivos. Y bajo mi humilde opinión, no veo justa la competencia desleal a la que se ven expuestas las pequeñas empresas que organizan eventos deportivos en nuestra tierra, teniendo que soportar un ‘ladrillo’ más en su pesada mochila de impuestos, obligaciones y restricciones.

Las carreras por montaña hacen más bien que mal a nuestro medio natural. Sé de lo que hablo. Llevo más de diez años organizando carreras y participando en ellas como corredor, voluntario o lo que se tercie. Por solo enumerar alguno de los beneficios, expongo los siguientes:

  • Mantenimiento y cuidado de los caminos públicos en el medio natural (que de otra forma estarían irremediablemente expuestos a su desaparición muchos de ellos)

  • Limpieza de residuos en el medio natural, siempre recogiendo más de los que se generan, como aquellos ‘olvidados’ por otros usuarios del espacio.

  • Puesta en valor de los territorios rurales y creadores de riqueza en la ‘Andalucía vacía’.

  • Difusores y veladores del respeto al medio ambiente entre la población general y los deportistas en particular.

  • Y el más importante para mí, FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA entre la población, con TODO lo que eso supone (menor riesgo de enfermedades, salud mental, hábitos saludables…)

Las organizaciones de carreras por montaña, bajo las recomendaciones federativas, hemos avanzado mucho en materia de protección medioambiental (cosa que ya quisieran otros sectores que se nutren y viven de él): se elaboró y se cumple una guía de buenas prácticas en la organización de pruebas deportivas en el medio natural, se eliminaron al máximo los residuos plásticos en su realización, se sustituyen las señales de balizamiento por otras más sostenibles intentando reducir la huella medioambiental, se minimizan al máximo los riesgos de incendio, etc., etc., etc. Siempre vamos e iremos a favor de cualquier medida para preservar nuestro entorno.

Entiendo que haya que legislar, controlar y vigilar en nuestros espacios naturales, pero con mesura y con conocimiento de causa, no a las bravas y en contra de los propios agentes que vivimos en él. Es por eso, y estoy seguro de ello, que la Junta de Andalucía tomará nota de nuestras reivindicaciones y rectificará el error cometido por el bien de todos. Me consta que han existido acercamientos entre la administración y las diferentes federaciones, pero no estaría de más que también participáramos los clubes deportivos, empresas, etc. con el fin de llegar a un acuerdo íntegro en este aspecto y del que las mayores beneficiadas sean las que más amamos: las montañas y los espacios naturales de Andalucía.

Rafael Romero Sánchez